Acción Democrática Abstencionaria

Las llamas que han lamido los muros milenarios de la Mezquita de Córdoba no son un mero accidente, sino el fogonazo que ilumina la verdad desnuda de España: la nación carece de poder sobre su destino y su patrimonio. El humo que hoy se disipa no es solo el residuo de una combustión material; es la cortina que la partitocracia y sus poderes fácticos cómplices utilizan para ocultar el expolio continuado al que someten al pueblo español.

El debate no es, y nunca debe ser, sobre la pericia de los bomberos. El verdadero fuego, el que consume la decencia pública, es el que se originó en los despachos donde una casta política, heredera directa del poder vertical franquista, decidió regalarle la Mezquita a la Iglesia por la cifra irrisoria de 30 euros. No fue una venta, fue un acto de vasallaje. Fue la prueba fehaciente de la connivencia entre dos oligarquías: la del Estado de Partidos, que necesita legitimidad histórica y moral, y la de una Iglesia que actúa como un señor feudal, olvidando el Evangelio para abrazar el código registral.

Que nadie se ampare en la legalidad de la inmatriculación. Desde el punto de vista de la libertad política, dicho acto es de una ilegitimidad absoluta. La legalidad emanada de un sistema sin separación de poderes, donde el gobierno controla al parlamento y a la justicia, no es ley, es la voluntad del poder hecha norma. Un régimen que no representa a la nación, sino a las cúpulas de los partidos, no tiene autoridad alguna para transferir la propiedad de un patrimonio que no le pertenece, pues es un legado histórico del pueblo soberano. Lo que ocurrió no fue un acto jurídico, fue un fraude de ley contra la nación española.

La desvergüenza alcanza cotas de escándalo al analizar las cifras. La Iglesia confiesa recaudar más de 20 millones de euros anuales de un bien que usurpa, mientras el Estado de Partidos, el mismo que facilitó el expolio, le entrega miles de millones en concepto de financiación pública. Es un círculo perfecto de corrupción: el poder político traiciona a la nación entregando su patrimonio, y el poder clerical, enriquecido con ese patrimonio, sostiene moralmente la farsa. Mientras tanto, el pueblo, el único y legítimo dueño, padece la escasez en sus servicios básicos, obligado a pagar por partida doble: con sus impuestos a la partitocracia y con sus entradas a la Iglesia.

El incendio, sea fortuito o provocado, es la consecuencia lógica de esta falta de control y es por ello que se deben de depurar responsabilidades y que la ciudadanía tenga toda la información. Por eso, cuando la nación es despojada de sus símbolos y de su herencia, cuando se le niega la capacidad de controlar lo que es suyo, el patrimonio queda huérfano, a merced de la incompetencia o de los intereses de sus ocupantes ilegítimos.

Una Llamada a la Acción Constituyente.

Ante la magnitud de este expolio sistemático, cabe preguntarse con la máxima seriedad: ¿Acaso se está incitando deliberadamente a la desesperación ciudadana? ¿Se pretende empujar al pueblo a tal estado de agravio que la única respuesta que algunos contemplen sea la de la ira ciega y la revancha histórica?

Esa senda, la de la violencia, debe ser rechazada con la frialdad de la razón política. La violencia es la respuesta de los desesperados, el arma de quienes han renunciado a la libertad y, en última instancia, el pretexto que el poder siempre utiliza para perpetuarse. La solución no es el fuego en los templos, sino la luz en la sociedad civil.

Es la hora de que Córdoba, y con ella toda España, actúe con la determinación de Fuenteovejuna: todos a una. Pero no en una revuelta ciega, sino en una acción política consciente y organizada. La sociedad civil debe levantarse no para pedir migajas de transparencia a sus amos, sino para exigir la depuración total de responsabilidades y la devolución de lo usurpado al control público, pero en el momento que el poder civil tome el control en una verdadera democracia.

Sin embargo, esto solo será un parche si no se ataca la raíz de la enfermedad. El expolio de la Mezquita es un síntoma de una patología mayor: la ausencia de una Democracia Formal. Mientras España siga sometida a un Estado de Partidos, cualquier victoria será efímera.

La única y verdadera solución es la que esta casta política teme por encima de todo: la apertura de un Período de Libertad Constituyente.

Un tiempo en el que la nación, por fin soberana, pueda dotarse de una República Constitucional con estricta separación de poderes y representación directa de sus diputados. Solo en ese escenario de libertad política real podrá la ciudadanía recuperar el control sobre su patrimonio, exigir responsabilidades a los corruptos y garantizar que nunca más un bien de la nación sea regalado por 30 monedas de plata.

Y como nota a destacar, como siempre los empleados públicos dando el do de pecho, actuando de forma rápida y eficaz, gracias a los bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, que están conformados por civiles, los cuales se dejan la piel día a día, soportando diariamente faltas de respeto, por parte del régimen del 78. Ellos siempre estuvieron ahí, en el 11M, en Lorca, en La Palma, en la riada de Valencia o ahora en Córdoba, evitando que la memoria de una ciudad se destruya.

Que el fuego de la Mezquita no sirva para calentar el odio, sino para forjar la conciencia cívica que alumbre el camino hacia la libertad.

Por Tribuno del Pueblo.