Acción Democrática Abstencionaria

El reciente accidente ferroviario no es un hecho aislado ni una desgracia imprevisible. Es la consecuencia lógica de un sistema político en el que el poder no responde ante los ciudadanos, sino ante sí mismo. Infraestructuras abandonadas, advertencias ignoradas y responsabilidades diluidas forman parte de un patrón que se repite con una regularidad inquietante en cada gran tragedia: trenes, inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos. Siempre el mismo guion. Siempre el mismo desenlace.

El problema de fondo no es técnico ni presupuestario. Es político. Y más aún: es estructural.

Vivimos en un régimen donde los ciudadanos no poseen libertad política colectiva, es decir, la capacidad real de controlar, corregir o destituir a quienes gobiernan. Se nos permite votar, pero no decidir. Elegir listas de partidos no equivale a elegir representantes responsables ante sus electores. Una vez depositado el voto, el ciudadano desaparece del sistema durante años, mientras el poder actúa sin control efectivo.

El Estado de partidos y la impunidad organizada.

El régimen actual se sostiene sobre partidos que monopolizan la representación política. Estos partidos controlan el poder legislativo, designan al ejecutivo y colonizan el judicial. No existe una separación real de poderes, sino una división funcional subordinada a las mismas cúpulas partidistas.

Cuando el legislativo no controla al ejecutivo porque ambos emanan del mismo aparato, la fiscalización se convierte en teatro. Cuando el judicial depende de cuotas políticas, la justicia deja de ser un límite al poder. En este contexto, la negligencia no se castiga y la corrupción no es una desviación: es una consecuencia natural del sistema.

Por eso, tras cada tragedia, no hay dimisiones reales ni depuración de responsabilidades. El poder no teme al ciudadano porque el ciudadano no tiene instrumentos para castigarlo políticamente.

Libertad política colectiva: la gran ausente.

La libertad política no es una abstracción moral ni un derecho retórico. Es un mecanismo institucional que permite al pueblo controlar al poder. Sin esos mecanismos, lo que existe es una oligarquía electiva: una élite que se renueva a sí misma mediante elecciones sin representación efectiva.

Una sociedad políticamente libre no se define por el número de partidos ni por la frecuencia de las elecciones, sino por la existencia de contrapesos reales que obliguen a gobernar bien por puro interés propio. Cuando el interés del gobernante coincide con el del gobernado, el sistema funciona. Cuando no, el resultado es abandono, propaganda y tragedias evitables.

Mecanismos de control que alinean intereses.

Existen soluciones políticas claras, conocidas y probadas en teoría, aunque sistemáticamente excluidas del debate público.

Una de ellas es el mandato revocatorio. Si un representante sabe que puede ser destituido por sus electores antes de terminar su mandato, su lealtad cambia. Ya no depende del partido, sino del ciudadano. La revocación no es inestabilidad: es responsabilidad política permanente.

Otro mecanismo fundamental es la independencia real entre el poder legislativo y el ejecutivo, con capacidad mutua de destitución bajo condiciones estrictas. Si el legislativo puede retirar la confianza al ejecutivo, pero al hacerlo debe someterse también a nuevas elecciones, desaparece el uso oportunista del bloqueo. Y si el ejecutivo puede disolver el legislativo con la misma consecuencia electoral, ambos poderes quedan obligados a actuar con prudencia y eficacia.

Este equilibrio introduce una lógica esencial: nadie puede abusar del poder sin arriesgarse a perderlo. El miedo a volver a las urnas deja de ser una amenaza abstracta y se convierte en un incentivo constante para gobernar bien.

Cuando el sistema premia la incompetencia.

Hoy ocurre lo contrario. La incompetencia no solo no se castiga, sino que se protege. Los errores se tapan, las tragedias se relativizan y los responsables ascienden o se recolocan. Mientras tanto, los ciudadanos ven cómo sus condiciones de vida empeoran, cómo los servicios públicos se deterioran y cómo la clase política se sube el sueldo en un país cada vez más precarizado.

Este divorcio entre gobernantes y gobernados solo es posible porque el sistema está diseñado para que el poder no dependa del ciudadano, sino del partido, del aparato y de intereses ajenos a la comunidad política.

El fin de un modelo agotado.

No se trata de cambiar caras ni de alternar siglas. Se trata de superar un modelo político agotado que confunde representación con delegación ciega y estabilidad con impunidad. Mientras las necesidades de los ciudadanos sigan subordinadas a los intereses de una élite política y a condicionantes externos, la deriva continuará.

La solución no vendrá de quienes se benefician del sistema. Vendrá de una toma de conciencia colectiva: entender que sin libertad política colectiva no hay democracia, y que sin mecanismos de control del poder, las tragedias no son accidentes, sino consecuencias.

Hasta que el ciudadano no recupere el control del poder político, seguirá pagando con impuestos… y, demasiadas veces, con su vida.

Por Demócrata Enfurecido.