Acción Democrática Abstencionaria

Ya llevamos más de un mes desde que el Gobierno dejó pasar por tercera vez el plazo constitucional para presentar los presupuestos generales del Estado. El 30 de septiembre pasado se volvió a omitir un plazo que debería ser considerado de extrema gravedad en un país que se reclame como «democrático» y «eficaz» para la ciudadanía.

Los presupuestos no son un trámite menor. En la práctica, son las cuentas públicas, equivalentes a las que cualquier empresa o autónomo debe presentar a Hacienda. Todos sabemos lo que ocurre si un ciudadano de a pie incumple con sus obligaciones fiscales: sanciones, recargos, multas e incluso embargos. Pero en España, cuando se trata del poder político, la vara de medir es distinta.

El poder por encima de la llamada «Constitución».

Resulta irónico que quienes se llenan la boca ensalzando la Constitución del 78 sean los primeros en incumplirla sin que haya consecuencias reales. Este nuevo retraso en la entrega de los presupuestos pone de manifiesto que, dentro del Régimen del 78 quienes alcanzan el poder político tienen la capacidad de sustraerse de la Ley y de ponerse por encima de la legalidad. ¿Quiénes les van a controlar? ¿El Tribunal Constitucional también designado por ellos? El poder político está por encima de la legalidad, de los plazos y de las obligaciones más elementales; de la misma manera que en el Régimen anterior.

La máxima popular «El que parte y reparte, se lleva la mejor parte» se cumple al pie de la letra en este contexto: el Estado exige rigor a los ciudadanos bajo pena de castigo, pero no se aplica el mismo rigor a sí mismo. Es la clásica «Ley del embudo» de los regímenes totalitarios.  

Una democracia de fachada.

Este hecho no es aislado. Forma parte de un patrón que lleva décadas repitiéndose desde el 78, y de más atrás aún. El sistema político salido de la «Transición» ha conseguido normalizar la vulneración de principios constitucionales y el encadenamiento de escándalos de corrupción, sin que la ciudadanía reaccione de forma contundente.

• Se preguntarán ustedes: ¿Y por qué no reacciona la ciudadanía?

• La respuesta es obvia: porque no puede hacerlo.

No puede porque la misma Ley impide los mecanismos de control. Y los que supuestamente existen son en realidad un espejismo diseñado para no tener ninguna consecuencia real.

Se nos ha hecho creer durante casi medio siglo que España vive en democracia. Sin embargo, la realidad es que el poder no emana del pueblo hacia arriba, de la mayoría gobernada hacia la minoría gobernante, como sería en una democracia genuina, sino que desciende desde arriba, desde las élites políticas y económicas, hacia el pueblo indefenso y sometido, al que solo se le permite refrendar con su voto lo que ya está decidido.

La repetida prórroga de los presupuestos es solo otro recordatorio de que los intereses del pueblo quedan siempre subordinados a los intereses de quienes gobiernan.

Tu futuro está en juego.

Hoy tal vez algunos puedan sobrevivir dentro de este régimen autoritario del 78, adaptándose o mirando hacia otro lado, como muchos hicieron durante épocas pasadas.

Pero, ¿qué ocurrirá en 20 años? ¿Qué tipo de país heredarán nuestros hijos, nietos o sobrinos si seguimos aceptando como normal un régimen que, pese a autodenominarse democrático, actúa de forma oligárquica y totalitaria?

¿Sobrevivirá España como tal? ¿O acabará fragmentada en más micro-Estados con más clase política aún, más control aún y más opresión aún?

La clave está en entender que mientras sigamos participando pasivamente en este juego, legitimando con nuestra aceptación un sistema profundamente desigual y autoritario, éste continuará devorando poco a poco las libertades y derechos de la gente.

Un cambio así empieza desde dentro y va hacia afuera. Desde lo individual pasa a lo colectivo. La primera tarea es, entonces, dejar de aceptar la mentira de que lo que tenemos es una democracia. Solo desde ese reconocimiento podremos empezar a construir un sistema verdaderamente representativo, donde la ley se cumpla de la misma manera para todos y donde los intereses del pueblo estén por encima de los privilegios de quienes gobiernan.

Por Demócrata Enfurecido y Juana Catalina.