Acción Democrática Abstencionaria

La dramática situación de los docentes interinos, los recortes persistentes en la enseñanza pública y la opacidad del acceso a la función pública no son fracasos aislados de gestión. Son, desde una perspectiva trevijanista, las consecuencias inevitables y los síntomas visibles de una patología política profunda: la inexistencia de una democracia formal en España.

En este «Estado de Partidos», los sindicatos tradicionales, lejos de ser un contrapoder en defensa de los trabajadores, actúan como un órgano más del Estado, una herramienta indispensable para el control social y el sostenimiento del régimen.

Las consecuencias: la crónica de un fracaso anunciado.

Antes de analizar la causa, es necesario constatar el efecto. Los sindicatos mayoritarios y subvencionados han demostrado una y otra vez su incapacidad para solucionar los problemas fundamentales del colectivo docente:

1. El Espejismo de la «fijeza». A pesar de décadas de abuso de la temporalidad y de las contundentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que exigen sancionar dicho abuso, los sindicatos no han conseguido la fijeza para los interinos. Su acción se limita a una burocracia de comunicados de prensa, recursos judiciales que se enredan en el conflicto entre la justicia europea y la española, y convocatorias de huelgas que, en la práctica, no alteran la decisión política final. Son gestores de la precariedad, no de su erradicación.

2. La impotencia ante los recortes. Cada año, las Comunidades Autónomas anuncian recortes de unidades y personal docente. La respuesta sindical es previsible y ritualista: mesas de negociación de las que salen con las manos vacías, concentraciones y paros de un día. Sin embargo, los recortes se ejecutan. Esta incapacidad no es fruto de la mala suerte o de un enemigo demasiado poderoso; es el resultado de un combate simulado.

3. Legitimadores de un sistema injusto. Al participar activamente en los tribunales de oposición y en las «mesas sectoriales», los sindicatos otorgan una pátina de legitimidad a un sistema de acceso que ellos mismos critican como opaco, subjetivo y obsoleto. En lugar de impugnar el sistema desde fuera como representante de una sociedad civil agraviada, actúan desde dentro, convirtiéndose en parte del engranaje que perpetúa el problema. Administran las migajas del sistema, no lo desafían.

La causa: el pecado original del sindicato estatal.

La pregunta clave que se haría Trevijano no es «¿Por qué fracasan los sindicatos?», sino «¿Para qué existen realmente?». La respuesta se encuentra en su propia naturaleza, definida por dos cadenas que impiden su libertad:

1. La financiación estatal: el collar del amo. Este es el nudo gordiano del problema. Un sindicato financiado a través de subvenciones públicas directas e indirectas (como los «liberados sindicales», personal pagado por la administración para dedicarse a tareas sindicales) tiene un conflicto de intereses insalvable. No puede morder con determinación la mano que le da de comer. Su lealtad primera no es hacia sus afiliados, cuya contribución es marginal en sus presupuestos, sino hacia el Estado (controlado por los partidos) que garantiza su supervivencia económica y su estructura. Por ello, su función no es la conquista de derechos, sino la «paz social», que en realidad es la «sumisión social»: canalizar, desactivar y administrar el descontento para que nunca llegue a ser una amenaza real para el poder político.

2. La naturaleza jurídica: órgano del Estado, no de la sociedad civil. Los sindicatos mayoritarios no derivan su poder de la voluntad soberana de los trabajadores, sino del marco legal que el propio Estado de partidos ha diseñado para ellos (la Ley Orgánica de Libertad Sindical). Es el Estado quien les otorga la condición de «más representativos», dándoles el monopolio de la negociación. No son asociaciones libres de la sociedad civil; son, en la práctica, instituciones paraestatales con una función pública delegada: la de intermediar entre el poder y los trabajadores, asegurando que el conflicto se mantenga siempre dentro de los cauces controlados por el régimen.

La propuesta de cambio: hacia la libertad y la representación verdadera.

Si España fuera una democracia formal, con una sociedad civil verdaderamente separada del poder político, el modelo sindical sería radicalmente opuesto. La solución a la problemática docente no pasaría por «negociar mejor» con el poder, sino por construir un contrapoder real basado en los siguientes principios irrenunciables:

1. Libertad financiera absoluta. Los sindicatos serían asociaciones privadas financiadas exclusivamente por las cuotas de sus afiliados y donaciones particulares transparentes. Su existencia y poder dependerían directamente de su capacidad para ofrecer resultados tangibles a quienes los sostienen. Un sindicato que no logre la fijeza o no detenga los recortes, simplemente, desaparecería por falta de apoyo.

2. Soberanía de la Asamblea (asamblearismo). El órgano supremo de decisión no sería una cúpula de burócratas profesionales, sino la asamblea de los propios docentes. Serían los profesores, reunidos en asamblea, quienes decidirían los objetivos, las estrategias y las líneas rojas de cualquier negociación.

3. Representación directa con mandato imperativo y revocable. De la Asamblea emanaría la elección directa de representantes o delegados; éstos no serían «jefes» con carta blanca, sino meros portavoces con un mandato imperativo: un conjunto de instrucciones claras y de obligado cumplimiento dictadas por la soberana Asamblea. Su única función sería ejecutar ese mandato. Si el representante se desvía de las instrucciones, negocia a espaldas de la Asamblea o fracasa en su cometido, la propia Asamblea tendría el poder de revocar su mandato de forma inmediata y elegir a otro.

En la práctica, esto significaría que:

• Una Asamblea de docentes interinos podría votar un mandato imperativo, por ejemplo: «Conseguir la conversión a fijos de todo el personal con más de tres años de servicio, sin condiciones».
• El delegado electo no tendría autoridad para aceptar un acuerdo de estabilización parcial o unas oposiciones «light». Su único trabajo sería conseguir el objetivo marcado.
• La fuerza de la negociación no residiría en la marca del sindicato, sino en la amenaza creíble de una acción contundente (como una huelga indefinida real) decidida y sostenida por la propia Asamblea soberana.

En conclusión, el drama de la enseñanza pública española evidencia la farsa de un sistema donde los órganos que deberían representar a la sociedad civil son en realidad tentáculos del poder estatal.

La solución no es pedir a los sindicatos actuales que sean más valientes, sino entender que su diseño estructural se lo impide. El único camino hacia una defensa real de los derechos de los docentes es la construcción de organizaciones libres, nacidas de la voluntad soberana de los trabajadores y totalmente independientes del poder político, tal y como exigiría una verdadera democracia.

Por ello, es necesario que todos los movimientos civiles que surgen de la filosofía trevijanista tengan una única función: denunciar las estructuras estatales oligárquicas predicando desde el ejemplo, es decir, replicando la democracia formal.

De lo particular se va a lo universal: la democracia se construye desde abajo hacia arriba. Han de crearse organizaciones, asociaciones, o grupos civiles libres que sean realmente formal demócratas; siendo elementos transformadores y guías, para así conseguir transformaciones verdaderas y coherentes con las leyes naturales que nos rigen.

Enfrentar el poder estatal con el contrapoder civil es la única manera de impedir las injusticias del totalitarismo, cuya prioridad es atomizar cualquier movimiento opositor mediante la división y la confusión en el seno de la sociedad civil.

Es por ello fundamental que los docentes tomen conciencia, abandonen la idolatría estatalista del 78, y se unan y trabajen juntos con el horizonte nítido del Conocimiento: saber cuál es la raíz del problema. Así se convertirán en el faro y la guía que transforme nuestra nación en una democracia real.

Por Tribuno del Pueblo.