Acción Democrática Abstencionaria

El drama de los docentes sin techo en Canarias es solo el epicentro de un terremoto que sacude a toda la nación. La crisis de la vivienda no entiende de fronteras autonómicas y expone con brutalidad la verdadera naturaleza de nuestro sistema: un Estado de partidos fragmentado en 17 réplicas que son incapaces de resolver los problemas reales de la gente, porque no están diseñados para ello.

Un profesor destinado a Lanzarote que se ve forzado a vivir en una furgoneta. Una familia en Barcelona que encadena contratos de alquiler de temporada porque la oferta residencial ha desaparecido. Un joven en Madrid que destina más del 50% de su sueldo a un estudio… Estas no son anécdotas, son el resultado previsible de un modelo político fallido.

La crisis de la vivienda se ha convertido en la prueba irrefutable de que el Estado de las Autonomías no ha sido la solución, sino la metástasis del problema original.

Lejos de acercar el poder al ciudadano, la descentralización consistió en trocear el monopolio del poder estatal para repartirlo entre 17 oligarquías de partidos regionales.

El resultado: un país entero donde el derecho a la vivienda es una quimera y los servidores públicos son expulsados de las comunidades a las que deben servir.

Un mapa nacional de la impotencia.

La crisis no es exclusiva de las islas o las grandes capitales. Recorre toda la geografía española, adoptando diferentes máscaras pero partiendo de la misma raíz: la ausencia de un gobierno que rinda cuentas ante la nación.

En los focos de la especulación, como Canarias, Baleares, Madrid, Cataluña o el País Vasco, la presión turística y la falta de oferta han creado un mercado salvaje que las Administraciones observan con una mezcla de inacción y declaraciones vacías.

La Comunidad Valenciana y Andalucía, especialmente en provincias como Málaga, replican el modelo de precios imposibles mientras sus gobiernos se enzarzan en batallas de propaganda.

Y en la España que se vacía, el drama es otro. Desde las rías de Galicia y la costa de Cantabria y Asturias, hasta las llanuras de las dos Castillas, Extremadura y Aragón, el problema no es solo el precio, sino la falta de vivienda digna en zonas rurales a las que se destina a médicos y maestros.

En Murcia, Navarra o La Rioja, la tensión en sus capitales también crece, demostrando que ninguna región es inmune.

En cada una de estas 17 Administraciones o Taifas, la clase política escenifica el mismo teatro. Se anuncian planes, se culpa a la facción rival o al gobierno central, y se convocan reuniones con sindicatos y colectivos que actúan como meros gestores del malestar, incapaces de forzar una solución real porque forman parte del mismo entramado de poder. Es todo un gran teatro de palabras vacías, un gran como si.

La gran farsa: Descentralizar no es Democratizar.

El error fundamental es creer que la descentralización es sinónimo de democracia. El modelo autonómico no entregó el poder a los ciudadanos, ni lo acercó a nosotros, sino que creó 17 mini-Estados para que las élites de los partidos tuvieran su propio feudo que gobernar.

Cada Comunidad Autónoma reproduce a escala el vicio original del sistema: la ausencia de separación de poderes y la nula representación ciudadana. Es decir, se reproduce los 17 abismos de los ciudadanos con la clase política: con los segundos viviendo a cargo de los primeros, y los primeros cada vez con menos posibilidades de vivienda digna.

El Régimen del 78 en realidad no ha desconcentrado su poder, sino que se trata de un poder centralizado en las sedes de los partidos que luego se reparte territorialmente. El diputado gallego, andaluz o extremeño no rinde cuentas ante sus electores, sino ante el barón regional o el líder nacional que garantiza su puesto en la lista.

Es un sistema perfecto para la autoprotección de la clase política, pero fatal para el bien común. Es un sistema pensado para que la defensa efectiva de los intereses del ciudadano se convierta en un lamentable teatro, en el cual hasta el ciudadano paga la función.

La única solución real: Separación de poderes y desconcentración.

Frente a este fracaso sistémico, las soluciones no pueden ser parches económicos ni más leyes inútiles, ni tampoco más partidos nuevos que entren a repartirse tan suculento pastel. La raíz del problema es profundamente sistémica, y por tanto, la solución también debe serla.

a) Separación de poderes. La única forma de que el Gobierno se someta a la ley y al control es que no emane del Parlamento. Es imprescindible que el poder ejecutivo (Gobierno) y el poder legislativo (Parlamento) tengan orígenes distintos y se vigilen mutuamente. Solo un legislativo independiente, que represente a la nación, puede obligar al gobierno a actuar frente a la crisis de la vivienda.

b) Desconcentración del poder. La alternativa a la falsa descentralización autonómica es la desconcentración. Esto significa arrebatar el poder a las cúpulas de los partidos y devolverlo a la sociedad civil. Requiere un sistema electoral de distritos uninominales, donde los ciudadanos elijan directamente a su representante, forjando un vínculo de mandato y responsabilidad. Un diputado que pueda ser revocado por sus electores se preocupará más por el alquiler en su distrito que por la disciplina de voto impuesta desde la capital.

Así es como se podría aumentar la oferta pública de vivienda para reducir el precio de demanda; así es como se podrían evitar injustas especulaciones de grandes fondos; así es como se podría evitar la inseguridad jurídica del arrendador, y una plétora más de soluciones al problema que seguro que ustedes ya han pensado, y no sabe por qué nunca se aplican.

El Estado español, en sus 17 versiones autonómicas, ha demostrado ser un gigante burocrático con pies de barro, incapaz de garantizar un techo a quienes lo sostienen. Mientras no se aborde la transición fundamental de sus estructuras para instaurar una democracia formal, toda política de vivienda será un brindis al sol y el profesor en su furgoneta seguirá siendo el símbolo trágico de un país gobernado de espaldas a su gente.

Por Tribuno del Pueblo.