Acción Democrática Abstencionaria

Estos días leía con preocupación la noticia de que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, está impulsando una reforma constitucional que le permitiría ser reelegido de forma indefinida.

Muchos celebran con entusiasmo los logros alcanzados durante su mandato: la reducción de la criminalidad, la modernización de infraestructuras o su estilo directo, que conecta con buena parte del electorado. Pero más allá de sus aciertos o fracasos, lo que debería inquietarnos profundamente es el camino institucional que se está tomando.

Cuando un cambio constitucional de esta magnitud es promovido, impulsado y aprobado por el propio poder ejecutivo sin oposición efectiva ni contrapesos reales, se rompe un principio básico de toda democracia: la separación de poderes.

La separación de poderes no es una formalidad vacía. No es un obstáculo innecesario al que haya que esquivar para gobernar más «eficazmente». Se trata, en realidad, del mayor invento político para controlar la principal amenaza que existe en toda sociedad organizada: la concentración del poder. Porque el poder, como ha demostrado la historia una y otra vez, tiende a expandirse si no se le ponen límites. Tiende a servirse de las instituciones en lugar de servirlas.

Por eso, en una democracia saludable, los poderes del Estado ejecutivo, legislativo y judicial deben mantenerse separados, independientes y enfrentados cuando sea necesario. El poder judicial no puede depender del político, ni el legislativo puede ser una simple prolongación del ejecutivo. Pero eso es precisamente lo que ocurre cuando quien gobierna controla al mismo tiempo la mayoría parlamentaria que aprueba leyes, nombra jueces o reforma la Constitución a su medida.

En este contexto, no se puede ignorar un fenómeno preocupante: muchos ciudadanos apoyan la gestión de Bukele por las medidas concretas que ha tomado, muchas de las cuales pueden ser valoradas positivamente en sí mismas. Sin embargo, lo que se pasa por alto es que este respaldo se convierte, en la práctica, en un aval a una forma de gobernar profundamente autoritaria.

Lo que está ocurriendo no es simplemente una serie de decisiones eficaces, sino un proceso donde el poder se concentra de tal forma que el gobernante actúa como si él fuera el Estado. Como Luis XVI, que decía «El Estado soy yo», Bukele convierte su voluntad en ley sin pasar por un proceso democrático genuino, o falseándolo con una apariencia democrática (el arte antiguo del tirano).

No se trata de juzgar si lo que hace es correcto o incorrecto, sino de advertir que es él quien decide unilateralmente qué se hace y cómo se aplica. Y eso, por principio, es peligroso.

Hay una gran diferencia entre apoyar una medida puntual debatida en un parlamento plural y representativo de verdad, y aceptar que toda la arquitectura institucional se doblegue a los deseos de una sola figura, por muy carismática o eficaz que esta sea. Cuando las leyes emanan solo desde arriba, sin deliberación real, sin representación auténtica, es cuestión de tiempo que ese modelo derive en perjuicio para el propio pueblo que hoy lo aplaude.

Sin necesidad de cuestionar las intenciones de Bukele, ni de ningún otro líder político, la realidad es que las derivas autoritarias no suelen comenzar con tanques en las calles. Comienzan con reformas institucionales aparentemente justificadas, popularmente respaldadas y difícilmente reversibles. La historia lo ha demostrado: los totalitarismos no nacen de la noche a la mañana, pero casi siempre encuentran su camino cuando las estructuras democráticas se relajan.

Este problema no es exclusivo de El Salvador. En España, por ejemplo, el mayor riesgo institucional no es Pedro Sánchez ni ningún otro presidente en concreto, sino el hecho de que el sistema permite al poder ejecutivo controlar el legislativo casi sin resistencia. Como hemos planteado muchas veces en esta web, cuando el partido o partidos que forman gobierno son también mayoría legislativa, los frenos y contrapesos desaparecen.

Es solo cuestión de tiempo que quien ostente el poder acabe utilizándolo en su propio beneficio, sin importar el color político.

La solución no es sencilla, pero sí clara: el poder ejecutivo y el legislativo deben tener legitimidades diferentes. Deben ser elegidos por vías distintas, separadas en origen, con tiempos, reglas y mecanismos que garanticen su autonomía y su confrontación si es necesario. Deben vigilarse mutuamente, y para eso, los ciudadanos tienen que tener representación real, directa e independiente del aparato de los partidos.

La reflexión que quiero dejar hoy es simple, pero esencial: por mucho que admiremos a un presidente, un líder o una ideología, lo único que realmente protege a los ciudadanos del abuso del poder estatal es una Constitución democrática. Y una Constitución democrática no es la que simplemente «está» o «la llaman así», sino la que garantiza de manera efectiva la representación ciudadana, independencia judicial y separación real de poderes.

Porque, si el Estado tiene el monopolio legal de la violencia, y si no existen límites efectivos a su poder, la libertad deja de ser un hecho y se convierte en un derecho otorgado por el gobernante de turno.

Por Demócrata Enfurecido.