Acción Democrática Abstencionaria

Vivimos tiempos extraños. En teoría, España está gobernada por el «gobierno más progresista de la historia». Así lo repiten ellos mismos. No es un gobierno cualquiera: su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es miembro del Partido Comunista, y no lo esconde. Se declara orgullosa comunista. Por eso, es sorprendente la diferencia de criterio del gobierno a la hora de actuar según quién proteste o qué intereses estén en juego.

En noviembre del año pasado, los trabajadores del metal de Cádiz iniciaron una lucha obrera legítima, reclamando derechos laborales básicos. ¿La respuesta del gobierno de izquierdas? En menos de 24 horas, no sólo envió a la policía: movilizó a militares, tanqueta incluida.

Una respuesta contundente, rápida y desproporcionada. El mensaje fue claro: para los obreros, represión.

Sin embargo, ahora en Torre Pacheco la situación es otra. Después de días de disturbios, con incidentes graves, parece que el Estado es incapaz de controlar un pueblo de Murcia. Lo que el gobierno y su entorno mediático califican sin tapujos como nazis o fascistas reciben un trato infinitamente más prudente que los trabajadores gaditanos.

Y aquí aparece la paradoja: cuando un ciudadano magrebí comete un delito, enseguida se acusa a la derecha de generalizar, de criminalizar a toda una comunidad. Pero, curiosamente, cuando hay disturbios en Torre Pacheco, automáticamente todos son fascistas. No se diferencia entre vecinos hartos de delincuencia y verdaderos ultras. ¿Por qué esa doble vara de medir?

Si realmente creen que hay nazis causando disturbios, ¿por qué tanta cautela? ¿Por qué no la misma contundencia que con los obreros? La respuesta parece evidente: el caos les resulta útil.

La situación tiene toda la pinta de haber sido dejada correr. Basta con que unos cuantos ultras (seguro que los hay, como en cualquier protesta desbordada) actúen, para que el gobierno generalice y etiquete a todo un pueblo harto de delincuencia como fascistas. Así el problema social se convierte en un problema ideológico: la protesta legítima desaparece bajo la etiqueta del extremismo.

Mientras tanto, los medios afines amplifican ese relato, desviando la atención de los continuos casos de corrupción que salpican al propio gobierno. ¿Y qué se logra con esto? Presentarse como la única opción responsable frente a una ultraderecha que ellos mismos han ayudado a crecer, precisamente por su inacción frente a problemas como la inmigración ilegal.

De hecho, grupos abiertamente fascistas como Núcleo Nacional a pesar de ser marginales per se, son absolutamente amplificados por los medios del gobierno. Les interesa que crezca la «amenaza fascista», para presentarse ellos como la única opción segura ante el peligro que avanza por toda Europa. El viejísimo truco de dominación política: crear un problema para presentarte como la solución.

Lo mismo con la inmigración descontrolada. No hace falta buscar mucho para ver que el descontrol migratorio no es un bulo ni una exageración. En Barcelona, por ejemplo, el 16% de la población comete el 50% de los delitos, y en Cataluña ya son mayoría en las cárceles: más del 50% de la población reclusa es extranjera.

Si uno analiza este panorama fríamente, parece evidente: el gobierno necesita el miedo, el caos y el enfrentamiento para sostenerse. Mientras la delincuencia crece y los ciudadanos protestan, ellos criminalizan las quejas y se presentan como dique de contención frente a los nazis. Un círculo vicioso que alimentan con su propia pasividad.

Y mientras tanto, la ministra comunista que mandó tanquetas contra obreros en Cádiz hoy guarda silencio. O peor aún, se indigna selectivamente.

El mensaje está claro: si eres un trabajador reclamando tus derechos, el Estado te aplastará. Si eres un vecino harto de la inseguridad, te llamarán fascista. El gobierno más progresista de la historia es el gran bulo. La falsa democracia del 78 se sustenta con bulos, mentiras institucionales repetidas 24 horas y que se convierten en verdad, al fidedigno estilo de la propaganda nazi.

Pero si queremos realmente acabar con este problema —y con otros tantos como la corrupción, el endeudamiento o el despilfarro público—, la solución no pasa simplemente por cambiar un partido por otro. Este no es un problema de quién se pone en el gobierno, sino de qué límites tiene el gobierno. No se trata, por tanto, de cambiar un color por otro. El problema es el sistema. Y ese es el verdadero debate que apenas nadie quiere abrir.

No nos gusta mirar a la Gran Mentira. Eso expone al riesgo de reconocer que te han mentido durante toda tu vida, y de que te has creído la mentira. Y da miedo porque, exponerse a la mentira, te empuja a cambiar de pensamiento… y de vida.

Pero el fascismo avanza… y no compro el discurso mentiroso de los políticos. El fascismo, que es el Estado sin límites y con capacidad de dominación absoluta en todos los aspectos del individuo, sí que está avanzando. El fascismo es el Régimen del 78 y todos sus agentes, facciones y partidos que estrangulan a la sociedad civil para vivir de ella.

El fascista y represor Pedro Sánchez así lo dijo abiertamente: «El Estado somos todos».   

Ante el fascismo del 78 necesitamos un cambio radical, pero no de caras: un cambio estructural. Hablo de instaurar un sistema real de separación de poderes entre ejecutivo y legislativo, una justicia verdaderamente independiente y una representación ciudadana real mediante un sistema de elección uninominal por distrito.

La esclavitud del gobierno es la libertad del pueblo: un gobierno libre tiraniza a la nación.  Por eso se trata de dividir y controlar el poder: la sociedad civil controlando a la sociedad política, así se acaba con el fascismo.

Así que cuando oigamos que la amenaza fascista avanza, creámoslo… ¡es todo el 78 contra la libertad del pueblo!

-Por Demócrata Enfurecido y Juana Catalina.