Acción Democrática Abstencionaria

Vivimos en una sociedad donde cada vez es más común ver cómo los ciudadanos se agrupan en colectivos que reclaman derechos, visibilidad o soluciones a problemas específicos. Feministas, minorías raciales, trabajadores, autónomos, LGTBIQ+, jóvenes precarios… Todos ellos con luchas legítimas —o eso parece a simple vista—, pero lo que muchas veces se pasa por alto es el origen común de todas esas luchas: el propio Estado y la estructura política que lo sustenta.

El Estado, como ente organizador de la vida pública, ha perfeccionado durante décadas un método para desactivar el poder real del pueblo: la atomización de sus necesidades. ¿En qué consiste esto? En dividir las preocupaciones, los derechos y las luchas en múltiples frentes, muchas veces enfrentados entre sí, con el objetivo de evitar una conciencia colectiva. Es una vieja estrategia: divide y vencerás.

Esto no significa que los problemas que denuncian estos colectivos no existan, sino que han sido amplificados, canalizados y muchas veces financiados desde el propio poder político para crear una ilusión de avance y pluralidad, cuando en realidad lo que se está haciendo es desactivar cualquier posibilidad de revolución real.

El sistema ha convertido las luchas en nichos subvencionables, en herramientas de gestión emocional, en armas arrojadizas entre ciudadanos que, sin saberlo, comparten un enemigo común.

Cada uno de estos grupos ha sido aislado en su trinchera, con un relato diseñado para hacerle sentir único, diferente, incluso superior moralmente a otros sectores sociales.

Esto no es casual: es una forma de impedir que se genere una identidad colectiva, una conciencia transversal capaz de unir a toda la ciudadanía en torno a un objetivo común. Mientras feministas discuten con trabajadores precarios, mientras autónomos critican a funcionarios, mientras colectivos identitarios se enfrentan por cuotas de representación, el sistema permanece intacto, inmune, blindado.

Ese enemigo no son otros ciudadanos, ni otras ideologías, ni colectivos opuestos. Es la estructura del Estado heredada del régimen del 78, una forma de organización política donde no existe una verdadera separación de poderes, donde no hay representación ciudadana real, donde los partidos políticos funcionan como empresas que colonizan instituciones públicas, y donde el sistema judicial responde más a cuotas de poder que a la justicia.

Un Estado que ha sido diseñado para perpetuar el poder de unos pocos, disfrazado de democracia parlamentaria, y que en realidad funciona como una oligarquía de partidos donde el ciudadano no decide nada.

El ciudadano medio, ocupado con su día a día, atrapado en una rutina de trabajo, deudas y preocupaciones inmediatas, no alcanza a ver este entramado. Cree que sus problemas son individuales, que su frustración es personal, que sus condiciones son una excepción.

Pero no lo son. Son parte de un patrón estructural, diseñado para mantenerlo aislado, desinformado y, sobre todo, desorganizado.

El problema no es individual, es colectivo. Pero la solución también.

La clave está en algo tan sencillo —y a la vez tan potente— como tomar conciencia. Saber que un acto individual, como informarse, cuestionar la narrativa oficial o hablar con el vecino, puede ser el detonante de una cadena de eventos que cambie el rumbo del país. Si un millón de ciudadanos, conscientes y alineados en un mensaje claro, marcharan pacíficamente hacia el Congreso con una única petición: «Queremos una democracia real, con separación de poderes, representación auténtica y justicia independiente», el sistema temblaría.

Ese acto de tomar conciencia tiene un poder inmenso. No se trata de una ideología concreta ni de una bandera específica. Se trata de mirar más allá del relato que nos han contado. Se trata de reconocer que el sistema actual está diseñado no para protegernos, sino para mantenernos divididos y, en muchos casos, enfrentados. Un ciudadano que comprende esto deja de ser un peón para convertirse en actor político de pleno derecho. Deja de reaccionar y empieza a actuar.

También es preciso cortar con los líderes. Eso forma parte del pasado. La gente está demasiado acostumbrada por la tendencia política a seguir a un referente político, con nombres y apellidos; alguien en quien consideren un líder que seguir. Tenemos esa mentalidad de sumisión a «alguien», y es algo de lo que también hay que salir.

El Estado, cuando ve una protesta, siempre intentará empujarla hacia la violencia. Porque ahí tiene ventaja: puede deslegitimar, reprimir, censurar. Pero si ese millón de personas avanza sin violencia, sin odio, con calma y firmeza, no hay fuerza del Estado que pueda pararlo sin revelar su naturaleza autoritaria.

En ese instante, el Estado se encuentra atrapado en una encrucijada: reprimir a ciudadanos pacíficos, desnudando su rostro real, o ceder ante una presión moral que ningún medio ni partido puede ignorar.

Imaginemos ese escenario. No pancartas de mil colores con mensajes dispersos. No siglas, no líderes de partido, no banderas que dividan. Solo ciudadanos conscientes de que sus problemas —la precariedad, la falta de vivienda, la corrupción, la inseguridad jurídica, la falta de futuro— tienen una raíz común: un Estado que se ha convertido en gestor de intereses y no en garante de derechos. Ciudadanos caminando juntos, en silencio o con un mensaje unificado, sabiendo que están haciendo historia.

Porque el cambio no necesita balas ni barricadas. Necesita claridad, organización, persistencia. Un movimiento así no puede ser frenado con propaganda ni con represión, porque su base no es ideológica, sino ética. No se trata de ganar un debate político, se trata de recuperar la soberanía. La soberanía de un pueblo que ya no quiere delegar más su voluntad en estructuras que lo traicionan.

Incluso con una democracia formal, con auténtica separación de poderes, con representación real y con independencia judicial, lo que se estaría otorgando al ciudadano sería un arma política poderosa, una herramienta de transformación sin precedentes. Pero esa arma debe ser entendida y utilizada correctamente.

En otras palabras: quiero decir que incluso aunque consiguiéramos para España una democracia formal, estaríamos en realidad igual que ahora si no se acompaña de una cultura política en la que los ciudadanos hagan valer sus armas. No es suficiente sólo la forma, sino que debe haber un espíritu que la materialice. Sin ese espíritu, sin esa conciencia, estaríamos básicamente como ahora y de poco servirían ni la representación ni la separación de poderes.

No basta con obtener la democracia: los ciudadanos deben aprender a usarla. Estarían pasando de un sistema donde todo se decide por ellos, a otro donde cada decisión y cada omisión política puede tener consecuencias directas sobre sus vidas.

Eso implicaría un cambio profundo de mentalidad. Exigir mucho más a los políticos, especialmente a sus representantes. Vigilar su comportamiento. Controlarlos. Evaluarlos. Y, sobre todo, saber que pueden ser sustituidos en cualquier momento si no cumplen con su mandato. La democracia real no es solo votar, es participar, exigir, corregir.

Las asociaciones civiles, los colectivos ciudadanos organizados, jugarían un papel fundamental como mecanismos de presión continua, encargados de marcar la agenda legislativa, de fiscalizar el cumplimiento de los programas y de canalizar las verdaderas necesidades sociales al parlamento.

En definitiva, lo más difícil no es redactar una nueva constitución ni estructurar un nuevo modelo. Lo más difícil es tomar conciencia de lo que realmente necesitamos. Es dejar de mirar cada problema como una anécdota individual y empezar a comprender el fondo común que los conecta. Es unirnos. Esa es la parte realmente revolucionaria.

Una vez se tomase conciencia de eso, de la raíz estructural que compartimos todos los ciudadanos, ese pueblo unido podría usar el arma que él mismo se habría dado: la libertad política colectiva. No habría marcha atrás.

Y, por fin, los problemas reales podrían empezar a resolverse. No todos a la vez. No de manera mágica. Pero sí de forma honesta, transparente y directa. Porque esa es la única manera de construir un país libre, justo y verdaderamente democrático.

Por Demócrata Enfurecido.